El proceso de adjudicación de las cámaras de reconocimiento facial en los estadios, y la polémica que se generó después, tendrá ahora una nueva instancia: saber si el Ministerio del Interior aconsejó en favor de la empresa DDBA con alguna intencionalidad, o si por el contrario, (más allá del precio) se manejó con el criterio de asesoramiento.
¿Es el precio más barato lo que debe anteponerse para la selección de la oferta más conveniente en una licitación?
Ese es el tema que a partir de ahora dominará las discusiones en la Cámara de Diputados que ha de recibir a las autoridades del Ministerio del Interior a instancias del Partido Nacional.
La convocatoria se ha presentado como una sospecha de que en el llamado a precios realizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, no se eligió el valor más conveniente, sino una propuesta un 16% más cara y que contaba con el aval del Ministerio del Interior que consideró que la ganadora tenía mayor experiencia y mejores equipamientos que su competidora.
El Ministerio del Interior niega toda intervención y habla de "asesoramiento".
De este modo, se abre un nuevo costado en las discusiones, no sólo de este tema, sino de todos los demás llamados a precio, en el que suele crearse quejas posteriores cuando después de haberse optado por la oferta más barata, resultare que la ganadora era de mala calidad y se terminó comprando un problema. Saber si cuando un organismo aconseja optar por una determinada opción es porque esconde algún tipo de favoritismo, o si por el contrario quiere que se logre lo mejor, será sin dudas la gran pregunta a responder.
El Ministerio del Interior por ser el organismo sobre el que recae la responsabilidad de la seguridad también en los espectáculos públicos, habría dado su opinión con firmeza y ahora esto ha sido interpretado como que lo que se buscaba era beneficiar a una determinada empresa, en este caso DDBA. Pero también hay otro aspecto que motiva el llamado y es el que surge de la constatación de que el desmentido del Ministerio del Interior en cuanto a que jamás insinuó la contratación de ninguna empresa de las que participaron en el llamado, había estado precedido por documentos de compra que demostrarían que la AUF con el asesoramiento de la empresa de Antel ITC se había decidido por la empresa SERVINFO, pero que posteriormente debió cambiar a pedido del Ministerio.